El
Consejo de Estado suspendió provisionalmente el Decreto 934 de 2013, el cual
regula las competencias que tienen las autoridades mineras y ambientales con
respecto y al ordenamiento minero que prohíbe a los Concejos Municipales y Asambleas Departamentales regular el tema.
La
demanda presentada por la Contraloría General de la República argumentó que el
Decreto viola las facultades que la Constitución y la ley le confiere a los
municipios y distritos para que, de manera autónoma, reglamenten el uso del
suelo y controlen y vigilen las actividades mineras en sus jurisdicciones.
Además señaló que no fueron consultadas las comunidades étnicas para su
expedición.
La
Sección Tercera, le dio la razón a la Contraloría al señalar que el Decreto
vulnera el principio de autonomía territorial.
El
Despacho estimó que dicho decreto impedía que en los planes de ordenamiento
territorial, planes básicos de ordenamiento territorial o esquemas de
ordenamiento territorial –según el caso– incluyera directrices, políticas,
estrategias, metas, programas, actuaciones y normas que orienten y administren el
desarrollo físico del territorio y la utilización del suelo, como lo establece
la ley.
El Consejo de Estado igualmente señaló que el Decreto 934 de 2013 constituía una prohibición expresa para que los Municipios, Departamentos y Distritos, ejerzan autonomía en sus territorios, por cuanto éste Decreto demandado, dejaba dicha competencia en las autoridades mineras y ambientales. Prensa Consejo de Estado
El Consejo de Estado igualmente señaló que el Decreto 934 de 2013 constituía una prohibición expresa para que los Municipios, Departamentos y Distritos, ejerzan autonomía en sus territorios, por cuanto éste Decreto demandado, dejaba dicha competencia en las autoridades mineras y ambientales. Prensa Consejo de Estado
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