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lunes, 18 de abril de 2016

Procuraduría convocó a audiencia pública a 12 exdiputados de Santander

Alejandro Ordóñez Maldonado
Procurador General de la Nación
Por presunta extralimitación de sus funciones, mediante procedimiento verbal la Procuraduría General de la Nación investiga a Fernán Gabriel Rueda Domínguez, Iván Fernando Aguilar Zambrano, Álvaro Celis Carrillo, Luis Eduardo Díaz Mateus, Luis Tulio Tamayo Tamayo, Rubiela Vargas González, Jorge Eliecer García Jaimes, José Ángel Ibáñez Almeida, Luis Fernando Peña Riaño, Edgar Higinio Villabona Carrero, Camilo Andrés Arenas Valdivieso y Henry Hernández Hernández, en su calidad de diputados del departamento de Santander para el periodo 2012-2015. 
Al parecer, los 12 diputados del entonces, habrían otorgado facultades temporales mediante la Ordenanza No.123 de 2013 al contralor general para modificar la estructura organizacional, el Manual de Funciones y Competencias, el Manual de Operaciones y Procedimientos, las cargas laborales, la escala salarial de la Contraloría General de Santander; así como para suprimir el cargo de conductor y, en su lugar, crear uno de profesional universitario.
Consideró el órgano de control que con esta conducta los sujetos disciplinables podrían haber desconocido el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución en el cual se establece como función de las asambleas departamentales, por medio de ordenanzas: “9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales (...)”. 
Así mismo la Procuraduría señaló como vulnerados los principios de moralidad y responsabilidad, con lo cual pudieron incumplir normas de carácter superior que tienen una connotación relevante en pro de los intereses del Estado, los cuales se ven reflejados en los mismos intereses de la sociedad.
De manera provisional, el Ministerio Público calificó la falta de como graves a título de culpa gravísima.
La Procuraduría Regional de Santander precisó que por segunda vez la Asamblea Departamental como cuerpo colegiado se ve involucrada en un caso de reestructuración a la Contraloría General de Santander, antecediendo a la decisión del Tribunal Administrativo de Santander y al fallo que confirmó el Consejo de Estado que dio origen a la presente investigación, un caso en el que la iniciativa fue presentada por el gobernador y no por el contralor, generándose una nulidad de los actos administrativos, tanto de la Ordenanza No. 050 como de la 123 del 4 de octubre de 2013, por hechos que hubiesen sido evitados si de manera acuciosa esta Corporación hubiese hecho un estudio serio, profundo y jurídico de las disposiciones constitucionales. 

La audiencia pública tendrá lugar en el auditorio de la Procuraduría Regional de Santander el 19 de abril de 2016 a partir de las 8:00 a. m. Prensa PGN

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