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| Alejandro Ordóñez Maldonado Procurador General de la Nación |
Por
presunta extralimitación de sus funciones, mediante procedimiento verbal la
Procuraduría General de la Nación investiga a Fernán Gabriel Rueda Domínguez,
Iván Fernando Aguilar Zambrano, Álvaro Celis Carrillo, Luis Eduardo Díaz
Mateus, Luis Tulio Tamayo Tamayo, Rubiela Vargas González, Jorge Eliecer García
Jaimes, José Ángel Ibáñez Almeida, Luis Fernando Peña Riaño, Edgar Higinio Villabona
Carrero, Camilo Andrés Arenas Valdivieso y Henry Hernández Hernández, en su
calidad de diputados del departamento de Santander para el periodo
2012-2015.
Al
parecer, los 12 diputados del entonces, habrían otorgado facultades temporales
mediante la Ordenanza No.123 de 2013 al contralor general para modificar la
estructura organizacional, el Manual de Funciones y Competencias, el Manual de
Operaciones y Procedimientos, las cargas laborales, la escala salarial de la
Contraloría General de Santander; así como para suprimir el cargo de conductor
y, en su lugar, crear uno de profesional universitario.
Consideró
el órgano de control que con esta conducta los sujetos disciplinables podrían
haber desconocido el numeral 9 del artículo 300 de la Constitución en el cual
se establece como función de las asambleas departamentales, por medio de
ordenanzas: “9. Autorizar al Gobernador del Departamento para celebrar
contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y ejercer, pro tempore,
precisas funciones de las que corresponden a las asambleas departamentales
(...)”.
Así
mismo la Procuraduría señaló como vulnerados los principios de moralidad y
responsabilidad, con lo cual pudieron incumplir normas de carácter superior que
tienen una connotación relevante en pro de los intereses del Estado, los cuales
se ven reflejados en los mismos intereses de la sociedad.
De
manera provisional, el Ministerio Público calificó la falta de como graves a
título de culpa gravísima.
La
Procuraduría Regional de Santander precisó que por segunda vez la Asamblea
Departamental como cuerpo colegiado se ve involucrada en un caso de reestructuración
a la Contraloría General de Santander, antecediendo a la decisión del Tribunal
Administrativo de Santander y al fallo que confirmó el Consejo de Estado que
dio origen a la presente investigación, un caso en el que la iniciativa fue
presentada por el gobernador y no por el contralor, generándose una nulidad de
los actos administrativos, tanto de la Ordenanza No. 050 como de la 123 del 4
de octubre de 2013, por hechos que hubiesen sido evitados si de manera acuciosa
esta Corporación hubiese hecho un estudio serio, profundo y jurídico de las
disposiciones constitucionales.
La
audiencia pública tendrá lugar en el auditorio de la Procuraduría Regional de
Santander el 19 de abril de 2016 a partir de las 8:00 a. m. Prensa PGN
