Los
investigados habrían permitido la inversión irregular de los recursos
entregados como anticipo en desarrollo de un contrato de obra, los cuales, al
parecer, quedaron en manos del subcontratista.
La
Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra Fany Arias Arias,
funcionaria de la Secretaría de Transporte e Infraestructura de Santander,
supervisora de un contrato de obra celebrado en el 2009 entre el citado
departamento y el Consorcio SE-1; y en contra de José Joaquín Ortiz García, representante
legal de la sociedad Joaquín Ortiz & Compañía Ltda. –JOYCO Ltda.–, en su
condición de interventor, porque al parecer ellos autorizaron a un
subcontratista la compra de tres carros: una volqueta y dos camionetas por
valor de $137.000.000 con destino a la ejecución de la obra de pavimentación de
la vía kilómetro 18–Tona, sin que ello estuviese contemplado en el pliego de
condiciones, ni en el manual de contratación de la entidad.
Por
tal razón el ente de control tipificó
sus faltas como gravísimas, cometidas a título de culpa gravísima. Prensa PGN.