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martes, 10 de mayo de 2016

Contraloría imputó cargos de responsabilidad fiscal a exdirector de CORPORNOR

Por gastos no justificados en contrato de interventoría:

Luis Lizcano Contreras
Bogotá, 10 de mayo de 2016.- La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal contra el exdirector de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental –CORPONOR, Luis Lizcano Contreras, al establecer la ocurrencia de un posible daño patrimonial por más de $350 millones de pesos, correspondiente a gastos no justificados en desarrollo del contrato de interventoría No. 010 del 7 de enero de 2010, ejecutado durante su administración.
La imputación con responsabilidad fiscal, de carácter solidario, cobija también al supervisor del contrato, Javier Enrique Trujillo Camacho, y al contratista, Guillermo Rojas Rodríguez.
La entidad ambiental aceptó pagar al contratista gastos que este presentó por  concepto de costos directos ($209.896.640), liquidaciones ($133.641.290) y pagos de seguridad social ($6.599.075), sin que los mismos tuvieran los soportes documentales debidos.
En desarrollo de este contrato, por $785 millones, que consistía en ejecutar la interventoría de unas obras en los ríos Pamplonita y Zulia con ocasión de una Urgencia Manifiesta decretada en 2009 por el municipio de Cúcuta a raíz de la ola invernal, CORPONOR canceló al contratista gastos laborales que se pueden calificar como insólitos y sin soporte legal: (Pago de auxilio de transporte a empleados que por el sueldo que devengaban (más de dos salarios mínimos) no tenían derecho al mismo -El contratista pretende que se le reconozca un auxilio de transporte que aparentemente se paga a sí mismo, por valor de $2 millones mensuales, cuando dentro del presupuesto presentado y aprobado incluyó un valor por concepto de transporte como costo directo de $6 millones mensuales, - Presume también la existencia de un contrato de trabajo con él mismo, pretendiendo ser empleador y empleado al mismo tiempo, subordinante y subordinado a la vez. - Del mismo modo, pretende cancelarse prestaciones sociales a sí mismo, careciendo de toda lógica jurídica esta pretensión, máxime cuando en su presupuesto cita un salario de $12 millones mensuales, para un total de $72 millones en seis meses, cuando en Colombia el salario integral para el año 2010 fue mínimo de $6,7 millones, incluido ya el factor prestacional.
En el presupuesto aprobado por CORPONOR, fuera de todo contexto legal, el contratista presenta igualmente unos pagos para él mismo y para sus empleados por concepto de gastos de representación y auxilio logístico de carácter mensual.

La Contraloría estableció que no existen documentos o soportes que evidencian la legalización de los gastos y se advierten algunas incoherencias en varios  casos, por lo que deben considerarse pagos no debidos. Prensa CGR

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